Para el Gobernador, el operativo representa “un gran riesgo sanitario” para la provincia y dijo que la decisión de la Corte “complicará las cosas”. Reunión con intendentes.

Tras el fallo de la Corte Suprema que ordenó al gobierno de Gildo Insfrán habilitar, en el lapso de 15 días, el ingreso de miles de varados, el mandatario de Formosa mantuvo reuniones este sábado con intendentes y presidentes de comisiones de fomento. Los funcionarios enfrentan ahora un importante desafío logístico y sanitario: deberán “coordinar el trabajo” para que, luego de ocho meses, más de 8321 personas puedan acceder al territorio provincial.

El jueves, el máximo tribunal emitió un fallo en el que le ordenó a la provincia que “arbitre los medios necesarios de modo de garantizar el efectivo ingreso al territorio provincial, con cumplimiento de las medidas sanitarias que estime pertinentes, de todos los ciudadanos que lo hayan solicitado, dentro del plazo máximo de 15 días hábiles a partir del día de la fecha”.

El gobernador comunicó este sábado a través de su cuenta de Twitter que, junto a las autoridades de los diferentes distritos, trabajan en un operativo. Afirmó que el pueblo de Formosa es “unido, organizado y solidario” y resaltó: “Es un riesgo sanitario muy grande ingresar a más de 8000 personas de zonas con circulación viral a nuestra provincia, que tiene la menor cantidad de contagios del país”.

“Muy pocos lugares gozan del estatus sanitario que tiene Formosa, entendemos que esta medida va a complicar las cosas porque es mucha gente para entrar a la provincia en muy poco tiempo”, le dijo Insfrán a la agencia de noticias de la provincia Agenfor.

Además, de cara al trabajo “que se viene”, le agradeció a todos los intendentes “por su gran compromiso en el cuidado de la salud y la vida de todos los formoseños y formoseñas”. En la reunión con las autoridades, que se llevó a cabo este sábado, Insfrán estuvo acompañado por el vicegobernador Eber Solís y el jefe de bloque de senadores del Frente de Todos José Mayans.

Como parte del operativo, el gobernador convocó a voluntarios para que asistan a profesionales de la salud en la tarea que encararán de testear masivamente a todas las personas que ingresen a la provincia. También colaborarán, dentro de lo posible, con los tratamientos que se les dará a aquellas personas que eventualmente den positivo en coronavirus.

Si bien Insfrán dejó en claro que acatará el fallo de la Corte, en los últimos días defendió que, el “Programa de Ingreso Ordenado y Administrado”, que estableció una serie de controles para la entrada de los formoseños que se encontraban en otros puntos del país, fue una medida sanitaria adecuada. “El derecho a la salud y a la vida de 640 mil formoseños y formoseñas son bienes superiores en el marco de la pandemia”, justificó.

El fallo contra Insfrán

El tribunal le ordenó a la provincia este jueves que “arbitre los medios necesarios de modo de garantizar el efectivo ingreso al territorio provincial, con cumplimiento de las medidas sanitarias que estime pertinentes, de todos los ciudadanos que lo hayan solicitado, dentro del plazo máximo de quince días hábiles a partir del día de la fecha”.

En el escrito, repasó los datos del Programa de Ingreso Ordenado y Administrado de Formosa que proporcionó el Gobierno e indicó que, en más de seis meses -desde el 21 de abril y hasta el 31 de octubre- lograron ingresar al territorio formoseño “menos de la mitad de las personas que lo han solicitado”. “Concretamente, un 43,5% de los pedidos registrados”, precisó.

En esa línea, expuso que “las esperas sufridas por las personas solicitantes de ingreso” en algunos casos se extendieron por cuatro meses. Además destacó que, en ese tiempo, los ciudadanos “se encontraban en las más variadas situaciones, algunas de ellas de alta vulnerabilidad”.

Para el máximo tribunal, la “restricción de derechos” en el marco de la aplicación de las medidas sanitarias no es “razonable en su aspecto temporal ni económico”, al tener en cuenta las “excesivas esperas” que sufrieron los ciudadanos y que “supedita el ejercicio de derechos a una determinada capacidad económica”.